
Gustavo Valdés informó que el anuncio se realizará el 18 de agosto a las 10 en el Ministerio de Hacienda y Finanzas.
El oficialismo presentó esta semana un proyecto para modificarla; mientras que el interbloque de Juntos por el Cambio pidió una sesión especial para el 5 de abril con el objetivo de derogarla. Desde el organismo que núclea en Corrientes a quienes alquilan, sostienen que la norma no está debidamente controlada y a raíz de esto las inmobiliarias y propietarios aproevechan la situación para especular sobre los aumentos.
La Ley de alquileres podría ser derogada y volvió a abrirse debate en torno a ella. Mientras Juntos por el Cambio presenta un proyecto para derogarla, desde el Frente de Todos piden modificaciones. El 5 de abril habría un tratamiento en el congreso. La Asociación de Inquilinos de Corrientes sostiene que derogarla sería perjudicial para quienes alquilan.
Leticia Radke, vocal de la Asociación de Inquilinos de Corrientes, en dialogo con Punto de Referencia, expresó: "Nosotros creemos que la ley no tiene que ser derogada, lo que falta es un control sobre la ley. Cuando se plantea esto de que no fue cumplida es porque se mezcla con el proceso inflacionario, que sin la ley iba a ser igual o peor porque el mercado en razón de ganar más siempre va a pedir más de lo que puede pagar el inquilino".
"Plantear entonces que el problema de los alquileres es culpa de la ley es una falta de respeto a la inteligencia de todas las organizaciones inquilinas del país mientras que la vivienda está dolarizada y el alquiler desregulado. Desde que se votó la ley el gobierno nacional no ha, ni siquiera, publicado el índice oficial y por supuesto mucho menos ha establecido algún tipo de control sobre el cumplimiento de la ley de alquileres", indicaron desde la organización civil.
Por otro lado, Radke especificó que la ley se "demoniza" pero porque se desconocen o no se habla de los articulos que defienden a los inquilinos y se generan confusiones, buscando que primen los intereses de las inmobiliarias o dueños. Por ejemplo, detalló que la duración del contrato de tres años ha sido una de las modificaciones más cuestionadas de la ley de alquileres sancionada en junio de 2020. Desde las asociaciones inmobiliarias y de propietarios, han pedido reiteradamente la remoción del artículo y la vuelta al régimen anterior, que tenía en cuenta periodos de dos años. Si bien ambas partes pueden optar por rescindir anticipadamente el contrato bajo determinadas causas, para los dueños del inmueble es más complicado que para el inquilino, más contemplado en la ley 27.551.
Con la ley, el inquilino puede rescindir el contrato sin causa una vez que transcurrieron seis meses desde el inicio del contrato. También aclara que si la rescisión es con causa (por ejemplo, por algún problema en la vivienda que impide vivir en ella) y el locador no se hizo cargo aún cuando fue notificado por el inquilino, este último no está obligado a esperar a que se cumplan seis meses desde el inicio del contrato, ni avisar con anticipación. Tampoco deberá pagar multa y hasta puede reclamar la restitución de su depósito e inclusive solicitar un descuento en el alquiler por el tiempo que vivió en la propiedad de forma inapropiada.
Por otra parte, el artículo 1221 establece que, si avisa con tres meses de anticipación que dejará el inmueble, tampoco debe pagar una multa, mientras que si lo hace con un mes de anticipación, y está entre los seis meses y un año de contrato, debe pagar un mes y medio de alquiler vigente, pero si pasaron los 12 primeros meses, la multa es de sólo un mes.
"El inquilino claramente está en una situación desventajosa porque no es propietario, el alquiler es una necesidad lo cual las inmobiliarias no quieren verlo así porque pretenden tratarnos como partes iguales y no es así. Nosotros entendemos que esta ley protege al inquilino, que no se cumpla depende realmente de que el Estado no está preocupado en controlar que los contratos se rijan realmente por lo que dice la normativa", subrayó Radke.
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